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Entra en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA)

El 17 de febrero, entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA), el conjunto de normas de la UE que tiene como objetivo hacer que el entorno en línea sea más seguro, justo y transparente, y que se aplica a todos los intermediarios en línea en la UE. Bajo la DSA, los usuarios de la UE están mejor protegidos contra bienes y contenido ilegales y tienen sus derechos garantizados en las plataformas en línea donde se conectan con otros usuarios, comparten información o compran productos.

Nuevas responsabilidades para las plataformas 

Todas las plataformas en línea con usuarios en la UE, con la excepción de las pequeñas y microempresas que emplean a menos de 50 personas y con un volumen de negocio anual inferior a 10 millones de euros, debían implementar medidas para:

Combatir el contenido, bienes y servicios ilegales: las plataformas en línea deben proporcionar a los usuarios medios para denunciar contenido ilegal, incluidos bienes y servicios. Además, las plataformas en línea deberán cooperar con «denunciantes de confianza», entidades especializadas cuyos avisos deberán tener prioridad para las plataformas.

  • Proteger a los menores: incluyendo una prohibición completa de dirigirse a los menores con anuncios basados en perfiles o en sus datos personales.
  • Empoderar a los usuarios con información sobre los anuncios que ven, como por qué se les muestran los anuncios y quién pagó por el anuncio.
  • Prohibir los anuncios que se dirijan a los usuarios en función de datos sensibles, como creencias políticas o religiosas, preferencias sexuales, etc.
  • Proporcionar declaraciones de motivos a un usuario afectado por cualquier decisión de moderación de contenido, por ejemplo, la eliminación de contenido, la suspensión de la cuenta, etc. y cargar la declaración de motivos en la base de datos de Transparencia de la DSA.
  • Proporcionar a los usuarios un mecanismo de queja para impugnar las decisiones de moderación de contenido.
  • Publicar un informe de sus procedimientos de moderación de contenido al menos una vez al año.
  • Proporcionar al usuario condiciones y términos claros, e incluir los principales parámetros en función de los cuales funcionan sus sistemas de recomendación de contenido.
  • Designar un punto de contacto para las autoridades, así como para los usuarios.

Además de las plataformas en línea, la Ley de Servicios Digitales también se aplica a los servicios de alojamiento (por ejemplo, servicios en la nube o sistemas de nombres de dominio, servicios de fondo que conectan a los usuarios con direcciones web solicitadas), así como a los intermediarios en línea (por ejemplo, proveedores de servicios de Internet o dominios). Los servicios de alojamiento y los intermediarios en línea están sujetos a un subconjunto de obligaciones bajo la DSA.

Desde finales de agosto de 2023, la DSA ya se ha aplicado a las 19 Plataformas en Línea Muy Grandes (VLOP) y Motores de Búsqueda en Línea Muy Grandes (VLOSE) designados en abril de 2023 (con más de 45 millones de usuarios mensuales de media). Tres plataformas adicionales designadas como VLOP en diciembre de 2023 tienen hasta finales de abril para cumplir con las obligaciones más rigurosas bajo la DSA. Sin embargo, deberán cumplir con las obligaciones generales de la DSA a partir de mañana.

Coordinadores de Servicios Digitales en los Estados miembros

Las plataformas no designadas como VLOP o VLOSE serán supervisadas a nivel de los Estados miembros por un regulador independiente que actúe como Coordinador Digital de Servicios (DSC) nacional. Será responsabilidad de los DSC garantizar que estas plataformas jueguen según las reglas. Los DSC supervisarán y harán cumplir la DSA para las plataformas establecidas en su territorio.

En la práctica, los Coordinadores de Servicios Digitales:

Serán el primer punto de contacto para las quejas de los usuarios sobre infracciones contra la DSA por parte de cualquier plataforma, incluidas las VLOP y VLOSE. El Coordinador de Servicios Digitales, cuando sea apropiado, transmitirá la queja al Coordinador de Servicios Digitales del Estado miembro de establecimiento de la plataforma, cuando corresponda, acompañada de una opinión.
Certificarán los mecanismos existentes de apelación extrajudicial para que los usuarios puedan presentar quejas y impugnar las decisiones de moderación de contenido.
Evaluarán y otorgarán el estatus de denunciantes de confianza a los solicitantes adecuados, o entidades independientes que hayan demostrado experiencia en la detección, identificación y notificación de contenido ilegal en línea.
Procesarán las solicitudes de acceso a datos de VLOP y VLOSE de los investigadores para investigaciones específicas. Los DSC examinarán a los investigadores y solicitarán acceso a los datos en su nombre.
Estarán equipados con fuertes poderes de investigación y aplicación, para garantizar el cumplimiento de la DSA por parte de los proveedores establecidos en su territorio. Podrán ordenar inspecciones tras una presunta infracción de la DSA, imponer multas a las plataformas en línea que no cumplan con la DSA y dictar medidas provisionales en caso de grave daño a la esfera pública.

La Junta Europea de Servicios Digitales

Los Coordinadores de Servicios Digitales y la Comisión formarán un grupo asesor independiente, la Junta Europea de Servicios Digitales, para garantizar que la DSA se aplique de manera coherente y que los usuarios de toda la UE disfruten de los mismos derechos, independientemente de dónde estén establecidas las plataformas en línea.

La Junta será consultada sobre la aplicación de la DSA y asesorará sobre los problemas relacionados con la DSA y puede contribuir a las directrices y análisis. También ayudará en la supervisión de las Plataformas en Línea Muy Grandes y los Motores de Búsqueda en Línea Muy Grandes y emitirá informes anuales sobre los riesgos sistémicos prominentes y las mejores prácticas para mitigarlos.

La Junta se reúne por primera vez este lunes, 19 de febrero de 2024.

Próximos pasos

En marzo de 2024, la Comisión tiene la intención de adoptar Directrices sobre medidas de mitigación de riesgos para procesos electorales. Se espera una consulta pública sobre el acto delegado de acceso a datos en abril, con adopción en julio y entrada en vigor en octubre de 2024. En mayo, la Comisión planea adoptar un Acto de Ejecución sobre plantillas de informes de transparencia. Se incluyen más detalles sobre el calendario tentativo en el anexo.

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