La CNMC determina la resolución provisional de que RTVE solo venda publicidad sobre el Mundial a sus patrocinadores oficiales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha determinado que RTVE deberá ceñirse a la contratación de publicidad del Mundial únicamente con los patrocinadores de la FIFA.
Tanto Mediaset España como UTECA denunciaron las condiciones de comercialización de RTVE de los espacios publicitarios o comunicaciones comerciales relativas a los derechos asociados al Mundial de Catar 2022 que, a su entender, podrían contravenir las exigencias del artículo 7.1 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual 13/2022, de 7 de julio, que prohíbe a RTVE emitir formatos publicitarios sujetos a límite cuantitativo publicitario. La CNMC consideró adoptar medidas cautelares instando a RTVE la posibilidad de explotar publicitariamente el Mundial de Fútbol Catar 2022, pero solo con los socios comerciales de la FIFA. Esta medida provisional estará en vigor desde el mismo momento de su notificación hasta la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento.
Mediaset espera que dicha resolución final prohíba a RTVE cualquier tipo de publicidad distinta de los meros patrocinios, incluso de los afiliados comerciales de la FIFA.
En su escrito, Mediaset señalaba que las bases rectoras del proceso de licitación de los derechos del Mundial de Catar organizado por Mediapro no imponen ninguna obligación de emisión de spots o anuncios, ni de autopromociones patrocinadas. Dichas bases se limitan a establecer, solo para el caso de que el operador de televisión decidiera emitir spots o anuncios durante la retransmisión de cada partido, un derecho preferente de los espacios correspondientes a favor de los patrocinadores o afiliados oficiales.
La CNMC expone en su resolución que en la decisión determinada se encuentran la apariencia de buen derecho, la necesidad y urgencia de la medida debido a la cercanía del evento, que dará comienzo el próximo 20 de noviembre, así como su proporcionalidad, teniendo en cuenta el equilibrio entre el interés público y los posibles perjuicios a los afectados por la medida.
