HomePanoramaEl horizonte inmediato de la TDT (I)

El horizonte inmediato de la TDT (I)

TDT

Necesito una Licencia

Multiplicar la oferta televisiva comporta necesariamente actuaciones legales tendentes a facilitar el acceso a la iniciativa privada, como piedra angular para la prestación del servicio público de televisión en abierto. Esto significa para el empresario abordar un proceso concesional, a través de la fórmula del concurso público, cuyo resultado se deriva de una selección realizada sobre una infinidad de candidaturas.
Los operadores concesionarios de la TDT se pueden dividir, en función del criterio de cobertura territorial, entre televisiones habilitadas estatales, autonómicas y locales, entre las que incluiremos las insulares en los supuestos de Canarias y Baleares. Serán estas últimas, las televisiones locales habilitadas, el objeto nuclear del artículo dado que son las que más controversia ha suscitado a los profesionales, juristas y empresarios del sector televisivo.
Desde la promulgación de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, se viene exigiendo la necesidad de tener una concesión administrativa para poder prestar el servicio público esencial de radiodifusión televisiva, pero hasta la publicación del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT Local, las distintas CCAA no pudieron convocar los concursos públicos que daban la posibilidad de acceder a tales concesiones. Casi 9 años de apatía institucional impedía a las televisiones locales adquirir el título concesional preceptivo.
Tal vacío legal provocó una situación de incertidumbre jurídica a las iniciativas televisivas que empresas y particulares desplegaban para cubrir unas necesidades que las grandes cadenas estatales no podían: dedicar más del 90% de sus emisiones a ofrecer contenidos relacionados con la zona de cobertura que abarcaban. Desde luego, el tratamiento de los hechos noticiables de Elche será más cercanamente transmisible por una emisora ilicitana que por TVE. Se desarrolla así, el concepto de Televisión de proximidad.
Modelo de televisión que, desde diferentes foros, se le acuñó el calificativo de emisora ilegal o alegal. Expresiones absolutamente carentes de rigor si nos atenemos a los hechos constatados normativamente, cuales son que mientras no se repartan las concesiones de TDTL en las diferentes CCAA, todo operador afectado por la Ley de televisiones locales, se encuentra realizando una actividad consentida por las AAPP implicadas, siempre que no interfieran a un operador habilitado. Prueba de ello son los levantamientos de actas por los funcionarios del Ministerio de Industria (antaño Ciencia y Tecnolo-gía) a los meros efectos de certificar la existencia de la emisora, que en numerosas ocasiones sirven como elemento acreditativo de la experiencia de la televisión en las licitaciones de TDTL. Circunstancia que ha decantado el otorgamiento de la concesión a favor del operador que la esgrimía. Sirva como ejemplo los concursos de Canarias, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, en donde se valora la experiencia del licitador con hasta 30 puntos adicionales en los dos primeras CCAA.
Lejos de entender a las televisiones locales que han padecido la desidia normativa como empresas situadas en contra de la ley (ilegales) o al margen de la ley (alegales), resulta más correcto afirmar que han sido victimas de la inactividad administrativa consistente en no regular, durante 9 años, los cauces necesarios para ob-tener el preceptivo título habilitante que exigía la Ley de 1995.
Finalmente, llega el tan espe-rado Plan Técnico Nacional de la TDTL en el último Consejo de Ministros de la segunda Legislatura del Gobierno Aznar. Poco a poco las CCAA comienzan a convocar los correspondientes concursos públicos para adjudicar las concesiones administrativas que permitan finalmente ordenar el sector televisivo. Balearles y Madrid son las primeras en hacerlo y durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 le suceden todas las demás. A día de hoy tan sólo Castilla y León es la única Comu-nidad Autónoma que no ha abierto el proceso de licitación.
No obstante, comienza a cobrar forma la sospecha de favoritismo en el reparto de licencias respecto de los medios de comunicación con una línea editorial más afín al gobierno autonómico de turno. Lo cual nos lleva a la procedencia o no de los denominados Consejos Audiovisuales.

Con la Máxima Transparencia

Con los resultados de las adjudicaciones de las concesiones en Madrid, Murcia, Galicia, Aragón y Valencia, entre otras CCAA, las empresas más perjudicadas han tachado el reparto como decisiones carentes de toda transparencia que responden al deseo de contribuir a un sistema de medios que, lejos de fomentar el pluralismo, favorece la creación de grupos con apego al poder político. El hecho de que los ejecutivos de las CCAA sean quienes convocan las bases de los concursos y quienes, al mismo tiempo, decidan directamente a los candidatos que deben tener licencias no parece ser la vía más adecuada para abanderar toda ausencia de favoritismo.
La creación de los Consejos Audiovisuales, tienen la finalidad de fragmentar las potestades del poder concentrado del gobierno interesado en controlar los medios. Ente dotado de personalidad jurídica propia, independiente de las administraciones públicas y con plena neutralidad para el ejercicio de sus funciones, garantizarían una mayor transparencia en el reparto de concesiones de TDT.
La independencia, entendida como la desvinculación de las directrices políticas del gobierno y separación de la estructura jerárquica de la Adminis-tración, se plasma en: (i) su composición, integrado por personas de reconocido prestigio en el sector, de 8 a 12 miembros; (ii) la forma de control de sus decisiones, que sólo pueden ser fiscalizadas por los Tribunales; (iii) el sistema de nombramiento de sus miembros, que ha de ser exclusivamente vía elección parlamentaria por una mayoría que permita el consenso del máximo de fuerzas políticas; y (iv) la duración de su mandato, normalmente 6 años, sin posibilidad alguna de renovación.
La neutralidad se manifiesta: (i) a través de la inamovilidad de los consejeros durante su mandato; (ii) mediante un régimen rígido de incompatibilidades, prohibiendo a los consejeros el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política, el desarrollo de actividades en la administración pública, el ejercicio de funciones directivas en partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales. Tampoco podrán realizar actividad profesional liberal, mercantil o laboral alguna, ni ostentar la titularidad de acciones en empresas de medios de comunicación.
De este modo, se consigue aislar las decisiones administrativas del Consejo Audiovisual, como el reparto de concesiones de TDTL, de la dirección de los órganos superiores y de dirección política incardinados en la estructura jerárquica del ejecutivo. Se evitará así que el sector audiovisual deje de flirtear con las tendencias de los gobiernos, tan atraídos por influir políticamente en los intereses de los medios de comunicación.
En la actualidad tan solo Navarra, Cataluña y Andalucía tienen un Consejo Audiovisual, aunque se prevé que el Gobierno Zapatero saque en esta legislatura la Ley de creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, un Consejo Audiovisual a nivel nacional.

Continúa en el siguiente número de TM Broadcast.

TXT: Jaime Rodríguez Díez, letrado de Diez & Romeo Abogados.

ETIQUETAS:
Pasado, presente, y
Maresme Digital, tec