La justicia anula el reparto de la TDTL en Madrid (II)
Cuatro Sentencias que han declarado nula la decisión de otorgar las concesiones de TDTL en Madrid, han convulsionado el sector televisivo en estas semanas. Aunque el concurso no ha sido cuestionado en ningún momento y la Comunidad de Madrid ha anunciado que aportará los documentos requeridos por el Tribunal antes de fin de año, los titulares de licencias se quedan sin concesión administrativa tan solo después de 3 años y 3 meses de obtenerla. Es el primer revés que sufre una comunidad autónoma en el reparto de licencias de televisión y, por lo que vaticinan los expertos, parece que no será la única. Este hito marca un antes y un después en la mentalidad de la valoración de los proyectos de los aspirantes a licencias de TDT, donde primarán aún más los elementos objetivos de calidad a la hora de decidir.
Posición de los afectados
Lo que para a los recurrentes ha supuesto una condena al otorgamiento de licencias por ausencia de pluralidad en el órgano encargado de decidir el proyecto de televisión más puntuado, para los adjudicatarios ha supuesto el regreso a la incertidumbre del vacío legal, ya sus licencias han sido anuladas.
1.- Los recurrentes
En cuanto a los recurrentes, se ha dado un paso de gigante ya que el TSJM ha dado cuenta de las irregularidades cometidas por la administración en el proceso de adjudicación. Irregularidades probadas por cuatro sentencias judiciales de momento y en, al menos, otras dos pendientes de dictar en el mismo sentido.
Por otro lado, el TSJM abre la posibilidad de que puedan ser adjudicatarios si la justificación que realice la Comunidad de Madrid no sea conforme a los criterios de valoración determinados en las bases del concurso.
La última repercusión jurídica de la anulación del reparto es que los recurrentes y demás licitadores, al igual que los adjudicatarios de las licencias anuladas, podrán realizar con normalidad sus emisiones televisivas hasta que la administración elabore un nuevo reparto de licencias debidamente justificado y convalidado por el TSJM en el caso de que se vuelva a recurrir.
2.- Los adjudicatarios
Con respecto a las empresas que se han visto privadas de las licencias por las decisiones judiciales, se puede decir que han sido bastante perjudicadas debido a que han efectuado una serie de inversiones muy cuantiosas en el convencimiento de ser los justos ganadores de las autorizaciones de TDT. Sin duda alguna, y con independencia de que sean empresas sin experiencia previa televisiva en el 2004, desde que recibieron las concesiones para emitir, han arrancado proyectos televisivos de una envergadura considerable incorporando directamente la tecnología digital, y promocionando la nueva sociedad del conocimiento desde la seguridad jurídica que les proporciona el título habilitante obtenido.
No resulta de recibo que los concesionarios caigan en una situación de incertidumbre legal producto de los pronunciamientos judiciales por un defecto en una actuación administrativa que no han tenido nada que ver.
Ahora se ven en la tesitura de ver cómo quienes no han desarrollado iniciativas televisivas digitales (por no ser adjudicatarios), reciben el mismo trato y amparo jurídico con la consiguiente repercusión en los ingresos publicitarios, todo ello agravado con la coyuntura económica del mo-mento.
No obstante, en el caso de que las licencias cambiaran de manos, siempre les quedará re-clamar da-ños y perjuicios a la comunidad autónoma.
Repercusión en el resto de las CCAA
Lo acontecido en Madrid no pasará desapercibido en el resto de CCAA que aún no han resuelto las concesiones de radio y TDT o que aún no han convocado dichos procesos de licitación.
El hecho de dejar todo a expensas de las simpatías que la empresa despierte en los ejecutivos de turno ha comenzado a hacer aguas con estas Sentencias. Los tribunales han tomado consciencia de que no resulta idóneo que las licencias que habilitan para ejercer radio y televisión las detenten tan sólo los afines a quienes se encuentran gobernando. Sobre todo, cuando median irregularidades en el proceso de adjudicación.
A partir de ahora es muy probable que las autoridades justifiquen mucho más los motivos por los cuales se les atribuyen las concesiones a ciertos proyectos, o quienes crean estar seguros de obtener licencias refuercen mucho más las ofertas que presenten, puesto que de lo contrario se podrían encontrar con una sentencia similar a las emitidas por el TSJM. Lo que supondría entrar en un escenario de inversiones perdidas para los desposeídos de concesiones, fomento y refuerzo de las emisiones no reguladas y evitar el avance en la implantación y desarrollo de la TDT.
Conclusión
Es un dato revelador que a la segunda comunidad autónoma en resolver la TDTL le haya anulado el reparto cuatro Sentencias judiciales, sin contar las que vienen de procedimientos similares. Pero la Comunidad de Madrid no ha sido la única que ha visto el otorgamiento de licencias comprometido. Extremadura, Aragón y Murcia han visto como los Tribunales de justicia revocaban licencias de radio irregularmente concedidas, teniendo que cambiar la titularidad al legítimo candidato con el consiguiente perjuicio para la empresa desposeída.
Sería del todo erróneo pensar que esta situación no se pueda reproducir en el resto de CCAA, cuyas adjudicaciones de TDT están plagadas de procesos judiciales en curso. Precisa-mente por eso, los gobiernos autonómicos que aún no han resuelto o que no han convocado los concursos procurarán ser lo más pulcros posibles en el respeto a las formalidades a la hora de valorar los proyectos que aspiran a ser adjudicatarios de la TDT.
Con estas Sentencias se estará cada vez más sensible a premiar las ofertas más ventajosas desde el punto de vista de programación, viabilidad técnica y financiera, frente a las que, sin contenido cualitativo, vienen marcadas por la afinidad al ejecutivo de turno.
Ello favorecerá el tránsito de la televisión analógica a la digital, evitando cualquier atisbo de estancamiento en la implantación de la TDT, y permitiendo así un mayor grado de pluralismo, tal y como se pronuncian los Planes Nacionales de TDT y de TDT Local, así como el resto de la legislación sectorial aplicable.
