Al valorar el equilibrio de intereses, la jueza ha señalado que no comenzarían a asumir costes financieros derivados del retraso hasta finales de septiembre de 2026, y que ambas compañías continuarían operando como entidades independientes y competidoras mientras el procedimiento judicial sigue su curso

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La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, ha concedido una orden de restricción temporal que impide a Paramount Skydance Corporation cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery en el estado de California. La orden ha sido emitida en respuesta a una moción presentada por una coalición de fiscales generales de 12 estados, según ha señalado la propia resolución.

California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington sostienen que la operación, valorada en 110.000 millones de dólares, violaría la Sección 7 de la Ley Clayton al eliminar la competencia entre dos de los cinco grandes estudios de Hollywood y combinar a dos de los mayores operadores de televisión por cable del país.

En su resolución, Martínez-Olguín ha concluido que los estados han presentado pruebas convincentes de que la empresa resultante controlaría una parte significativa del mercado de distribución cinematográfica de estrenos de amplia distribución —una cuota de mercado estimada del 27%, según la declaración del perito de los demandantes—, y ha señalado que este hecho, por sí solo, es suficiente para presumir que la fusión probablemente vulnera la legislación antimonopolio. Asimismo, ha señalado que la operación aumentaría el índice de concentración del mercado (HHI) en aproximadamente 359 puntos, hasta alcanzar un nivel de 2.074 tras la fusión.

Aunque Paramount ha presentado un testimonio pericial que cuestiona el análisis de mercado realizado por los estados, la jueza ha determinado que ello solo basta para plantear dudas serias sobre el fondo del asunto, pero no para desvirtuar las pruebas presentadas por los demandantes. Además, ha razonado que la propia reducción de la competencia constituye un perjuicio irreparable y que deshacer la fusión posteriormente sería extremadamente difícil una vez que las operaciones comiencen a consolidarse.

Al valorar el equilibrio de intereses, la jueza ha señalado que Paramount y Warner Bros. no comenzarían a asumir costes financieros derivados del retraso hasta finales de septiembre de 2026, y que ambas compañías continuarían operando como entidades independientes y competidoras mientras el procedimiento judicial sigue su curso. Asimismo, ha sostenido que el interés público en la aplicación de la legislación antimonopolio prevalece sobre cualquier perjuicio que la suspensión pueda causar a las compañías.